El informe del Grupo de Trabajo para Migrantes y Refugiados del Perú, titulado “Análisis conjunto de necesidades para el plan regional de respuesta para refugiados y migrantes 2021 “, estima que en el Perú existen 200,000 niñas, niños y adolescentes venezolanos. De este grupo; 96,600 refugiados y migrantes están inscritos en el sistema de educación nacional.

La situación de la pandemia ha incrementado el estado de vulnerabilidad de las niñas y niños migrantes; así como de la comunidad de acogida en materia educativa. Como es sabido, antes de la emergencia sanitaria, las familias refugiadas y migrantes tenían dificultades para matricular a sus niñas y niños en edad escolar; esto debido a múltiples factores, entre ellos las carencias económicas y falta de vacantes en escuelas públicas cercanas a sus domicilios. Asimismo, el informe también señala que las niñas, niños y adolescentes, así como los jóvenes, adultos refugiados y migrantes enfrentan dificultades para acceder al sistema educativo evidenciándose, problemas de conectividad, poca disponibilidad de equipos electrónicos, vulnerabilidad emocional, deserción e inestabilidad económica en sus familias que impide acompañar adecuadamente el proceso educativo.

Toda esta información brindada por el Grupo de Trabajo para Migrantes y Refugiados del Perú pone en evidencia que los niños y niñas migrantes, refugiados y comunidad de acogida tienen un limitado ejercicio de su derecho a la educación, a pesar que el derecho a la educación es clave para alcanzar los demás objetivos de desarrollo sostenible.

Arequipa es una de las regiones que, de acuerdo al informe referido, tiene alrededor de 2,934 estudiantes mapeados a través del trabajo colaborativo entre instituciones miembros del GTRM en el Perú, con presencia en la región. Sin embargo, los flujos de familias venezolanas siguen ingresando a Perú a través de diferentes puntos ilegales de ingresos fronterizo y Arequipa suele ser un destino preferido por muchas de estas familias.