Se calcula que en el Perú hay más de un millón de personas venezolanas y 496,000 han solicitado la condición de refugiados, según el ACNUR.

De acuerdo al reporte del Banco Mundial sobre “MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS EN EL PERÚ: EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19”, uno de los impactos que ha tenido la pandemia en relación al empleo; ocasionando que muchos hogares de migrantes y refugiados, dejen de percibir ingresos para solventar sus necesidades básicas de alimentación y salud; esto debido a la alta informalidad de sus empleos, a su concentración en empresas pequeñas y las brechas de salario existente entre ellos y miembros de la comunidad de acogida.

En vista de ello, el Banco Mundial refiere que los hogares venezolanos dependen más del ingreso laboral; y por tanto el COVID 19 ha incrementado sus niveles de pobreza. 

Frente a este problema, consideramos que un mecanismo de respuesta acertado son los programas de transferencia en efectivo, ya que las transferencias monetarias permiten a las familias afectadas por una emergencia (como en este caso el COVID 19), recibir dinero destinado a satisfacer sus necesidades básicas, de tal manera que se garantice su protección necesaria para una supervivencia digna. 

En vista de ello, recurrir al mecanismo de transferencias en efectivo bien focalizado, con mecanismos de acompañamiento y monitoreo eficientes, abordaremos los desafíos socioeconómicos que enfrentan los hogares de migrantes y refugiados venezolanos en las regiones de Arequipa, Tacna y Cusco; duramente golpeados por esta pandemia y que necesitan una ayuda para su recuperación y desarrollo, a través de la protección y la restauración de los medios de subsistencia.